La FAHAT se opone al Decreto de Viviendas de Uso Turístico propuesto por la Junta de Andalucía
La FAHAT lleva más de un año trabajando conjuntamente con la Junta de Andalucía consensuando
el decreto de Viviendas de Uso turístico de Andalucía.
Desde los inicios la FAHAT ha mostrado a la Junta de Andalucía su interés por que esta actividad de alojamiento se regule, pero con una serie de condicionantes y obligaciones, y que este tipo de hospedaje estén sujetos a una regulación igual a los alojamientos regulados existentes.
En la última reunión mantenida, la FAHAT informó a la Junta de Andalucía que el decreto es totalmente discriminatorio, ya que no se han atendido las peticiones del sector del alojamiento de Andalucía, los cuales persiguen un trato similar desde el punto de vista legislativo para todo el mercado.
Las principales peticiones y comentarios de la FAHAT en relación al decreto son :
- Estancia mínima 5 días para las viviendas de uso turístico.
- No se ha contemplado la regulación y responsabilidad de las entidades intermediarias (portales como Airbnb, Homeaway, Booking, entre otros).
- Que se SUPONGA que es un alquiler turístico por el mero hecho de publicitarse en cualquier medio.
- Que NO se puedan ofrecer servicios complementarios bajo ningún concepto, como comidas etc.
- Que no se puedan alquilar por habitaciones, solo vivienda completa.
- Que tengan que entregar al cliente una FACTURA, no un recibo.
- Que estas viviendas cumplan con toda la legislación vigente al igual que el resto de alojamientos turísticos considerando también las hojas de reclamaciones, inspecciones de sanidad, control de fichas de policía, contratación de empleados y su correspondiente alta en la seguridad social, pago de impuestos etc.
Así mismo, dicho proyecto supondrá una regulación autonómica más en el contexto nacional. Esta situación llevará a que en España se apliquen 17 regulaciones diferentes, rompiéndose el principio de unidad de mercado.
Por último, la FAHAT insta a la Consejería a que plantee al Gobierno Central la necesidad de regular asuntos que le competen tanto en materia de fiscalidad, como de empleo y seguridad.